Por Dorian Burkhalter en https://www.swissinfo.ch/spa
El daño causado por los ciberataques en la guerra de Ucrania parece nimio si se compara con las atrocidades de los combates sobre el terreno. Pero eso no significa que no esté ocurriendo o que los civiles estén a salvo.
El 24 de febrero, el mismo día en que Rusia invadió Ucrania, un ciberataque dirigido al satélite de comunicaciones KA-SAT interrumpió las comunicaciones militares de Ucrania. El ataque —que las autoridades estadounidenses atribuyeron a la agencia de espionaje militar rusa— se extendió más allá de las fronteras de Ucrania. Dejó sin acceso a internet a decenas de miles de personas en toda Europa, desde Francia hasta Ucrania. Un mes después del ataque, unas 2 000 turbinas eólicas en Alemania seguían sin funcionar
Al día siguiente, un puesto de control fronterizo entre Ucrania y Rumanía fue atacado por un malware de eliminación de datos —un programa informático malicioso— que ralentizó los trámites de las personas refugiadas que intentaban huir del país. Se desconoce aún quién realizó el ataque.
Estos son solo dos de los 35 importantes ciberataques contra infraestructuras esenciales y civiles en Ucrania que, desde el inicio de la guerra, la ONG con sede en Ginebra CyberPeace Institute ha registrado en su sitio web Bruno Halopeau, jefe de tecnología y análisis cibernético de la organización, afirma que, aunque la mayoría de los ataques han sido contra objetivos militares, instituciones públicas y medios de comunicación, las personas civiles —de manera intencionada o no— también se han visto afectadas.
Según el derecho internacional humanitario (DIH), los ataques contra civiles pueden constituir crímenes de guerra
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Halopeau duda que muchos «guerreros cibernéticos» sean conscientes de lo que implica su participación en el conflicto según el derecho internacional humanitario.
«Al tomar parte activa en este conflicto, sin saberlo, pueden perder su protección legal como civiles y ser tratados como combatientes. Se exponen a las represalias del Estado al que atacan y son susceptibles de ser perseguidos después de la guerra», afirma.
Guardián del derecho internacional humanitario
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) —como guardián del derecho internacional humanitario— presta mucha atención a los últimos acontecimientos en el campo de batalla, se compromete de manera confidencial con los Estados para recordarles las normas vigentes y evalúa si hay que modificar la legislación.
«Vemos una realidad en la que las operaciones cibernéticas cada vez son más frecuentes en los conflictos armados. Y una de las funciones clave del CICR es hacer hincapié en el posible coste humano de esas operaciones, el posible coste para las personas civiles», manifiesta Tilman Rodenhäuser, asesor jurídico del CICR.
El derecho internacional humanitario se estableció en un mundo en el que todavía no había ciberataques. ¿Siguen sus normas siendo válidas hoy en día?
«No podemos aspirar a nuevas reglas de conflicto armado con cada desarrollo tecnológico que vemos», responde Rodenhäuser.
No obstante, algunos aspectos legislativos siguen abiertos a la interpretación. Una de las normas más antiguas del DIH es la protección de los objetivos civiles. Durante muchos años, los datos civiles —entendidos como documentos confidenciales guardados en archivos físicos, por ejemplo— no podían ser legalmente dañados o destruidos. Pero ¿qué dice la legislación si esos mismos datos se almacenan de manera digital?
«La protección de los datos no se aborda explícitamente en las normas del derecho internacional humanitario», declara Rodenhäuser, quien añade que los expertos jurídicos y los Estados tienen opiniones divergentes sobre cómo se aplica el derecho internacional humanitario en este caso.
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